Juan José R. Calaza ABC, 11 de abril de 2019. Que gobierne el partido más votado

TRIBUNA ABIERTA

Que gobierne el partido más votado

«El recurso a pactos a posteriori en lugar de coaliciones previas es una artimaña torticera, una manipulación fraguada a espaldas de muchos votantes»

Juan José R. Calaza / Guillermo de la Dehesa

Experimental y matemáticamente se ha demostrado que ningún sistema electoral es perfecto. Aunque la democracia es mucho más que un sistema electoral, las votaciones legales forman parte de su acervo. En España se ha optado por la regla de D’Hondt, que favorece al partido más votado o a las coaliciones de partidos y organizaciones políticas en lista única que alcancen cierta masa crítica de votos.

En un país con problemas territoriales generados desde la periferia independentista la dispersión del voto impregna de incertidumbre el horizonte político, social y económico, al tiempo que la ausencia de gobiernos bien consolidados debilita al Estado, a las instituciones y a la propia democracia. Algunos partidos, por mor de alcanzar o de conservar el poder, no son refractarios al oportunismo pactista a posteriori. Pactismo fraguado con partidos-bisagra, en ausencia de una mayoría absoluta, que acaban teniendo, gracias a articulaciones sin coalición electoral previa, un peso relativo desmesurado que les confiere capacidad para exigir compensaciones que perjudican a la nación común. Es costumbre admitida pero no pocas veces traiciona la voluntad de numerosos votantes. El recurso a pactos a posteriori en lugar de coaliciones previas es una artimaña torticera, una manipulación fraguada a espaldas de muchos votantes situándolos frente al hecho consumado, irreversiblemente fraudulenta para con parte del electorado cuando este ya no puede sancionar estratagema tan habitual como abusiva.

Para evitar esta perversión política, generada por el sistema electoral vigente, lo más razonable, creemos nosotros, sería que gobernara la lista única o partido más votado. Si bien sin demasiado fundamento, dos objeciones caben plantear a esta propuesta. Primera, el partido mayoritario en ausencia de mayoría absoluta gobernaría contra la mayoría y, por tanto, sería profundamente antidemocrático. Segunda, se trataría de un sistema electoral imperfecto. Ambas objeciones ignoran, por una parte, el núcleo duro de la democracia y, por otra, la imperfección de todos, absolutamente todos, los sistemas electorales. Y ambas confunden mayoría social, mayoría de votantes y mayoría de gobierno. Se trata de conceptos deslizantes cuyos contornos se estudiarían mejor a partir de lo que los matemáticos llaman conjuntos borrosos/fuzzy sets que desde la simple aritmética. Entre otras razones por la penumbra que proyecta ese 25 o 35 por ciento del censo electoral que no vota. No hay que descartar que un partido sin mayoría absoluta, pero con unidad de mando para poder alcanzar sus objetivos, represente mejor a la franja electoralmente silenciosa de la población, que también tiene derechos, que un totum revolutum con mayoría absoluta en la que cada partido tire de la manta para sí. Porque lo fundamental en democracia es bien definir las reglas del juego y no cambiarlas a favor en medio de la competición. Si los españoles decidieran por mayoría absoluta, en referéndum vinculante, que gobernase el partido mayoritario, aunque careciese de mayoría absoluta, la decision sería impecablemente democrática. Y esto es así habida cuenta de que un sistema o régimen electoral (regido por escrutinio estrictamente mayoritario, proporcional o mixto) es cualquier tipo de proceso normalizado que permita la designación de representantes de un cuerpo electoral dado.

Es además ilusorio buscar un sistema electoral perfecto cuando los votantes encaran tres o más alternativas. Es decir, las cosas serían muy simples si solo hubiera dos partidos o candidatos en liza. El tema es técnicamente difícil (ver la sencilla introducción de W.D. Wallis «A Beginners’s Guide to Discrete Mathematics», capítulo 10, «The Theory of Voting») y ahí están los teoremas de imposibilidad de Arrow, Sen, Gibbard-Satterthwaite o Chichilnisky para confirmarlo (en 1976 Jerry S. Kelly referenció hasta 356 teoremas de este tipo; imagínense los que habrá ahora) Para empeorar las cosas, Simon, Allais, Kahneman, Thaler, Schiller (todos ellos galardonados con el Nobel) han puesto patas arriba la ideal racionalidad de los individuos, también de los votantes, sea por su limitación o por los sesgos cognitivos que sufrimos como enseñan la psicología y economía conductual.

En consecuencia, echando todas las cuentas, ante la imposibilidad de alcanzar un sistema electoral óptimo proponemos para España, dadas sus peculiaridades políticas, un democrático second best: debería de gobernar la lista única o partido mayoritario aunque no obtuviese mayoría absoluta.

Juan José R. Calaza / Guillermo de la Dehesa

ABC

Juan José R. Calaza ABC, 24 de abril de 2019. Por qué votamos (o no)

Por qué votamos (o no)

«Hay que tomar decisiones que afectan a la colectividad y no hay ninguna norma de decisión mejor que el voto»

Juan José R. Calaza

y Guillermo de la Dehesa

La teoría del voto encara numerosas paradojas (de Anscombe, de Simpson, de Ostrogorski, de Condorcet, de Alabama, de Downs, etc.) que afectan a los fundamentos de las reglas de decisión colectiva. En especial, en ciertas circunstancias la paradoja de Condorcet muestra ciclos de preferencias que impiden designar un candidato o programa político ganador. Esta paradoja constituye el talón de Aquiles de los modelos político-matemáticos, cuyo núcleo duro es el teorema de imposibilidad de Arrow, pero en la práctica es difícil encontrar vencedores que no sean Condorcet-ganador si los votantes son numerosos. También es cierto que pueden darse condiciones favorables (medidas por una especie de índice de Nakamura). Esto es, si las divergencias de los electores no son demasiado intensas disminuye la probabilidad de ocurrencia del efecto Condorcet y de la aparición de ciclos intransitivos. Es decir, la colectividad expresa en los sistemas electorales su voluntad mayoritaria sin ambigüedad.

En España se ha optado por la regla de D’Hondt que evita, entre otras, la paradoja de Alabama. Esta -así llamada porque se dio por primera vez en ese estado- surge cuando en un escrutinio proporcional, al disminuir el número de escaños (pongamos, de 36 a 35) el partido menos votado obtiene más representantes, verbigracia, pasa de 7 a 8, incluso con el mismo número de votos que en el escrutinio precedente y manteniendo las listas rivales los votos sin cambio alguno. Las ventajas del método D’Hondt no lo liberan de algunos inconvenientes. Los representantes de pequeñas circunscripciones representan en general a un mayor número de votantes que los de las grandes. Hay que tener en cuenta que las circunscripciones menos pobladas son generalmente las más pobres y también donde los servicios públicos son menos abundantes y de peor calidad.

En realidad, la primera paradoja del voto es que tanta gente vote. Salvo excepción, los porcentajes de participación suelen ser superiores al 50% del censo electoral. Desde el estricto punto de vista de la racionalidad instrumental, entendida como aquella que los agentes aplican en su propio interés con conocimiento de causa para evaluar el coste/beneficio o la utilidad/desutilidad de sus decisiones, sorprende que voten tantos electores. Según el popular modelo de Anthony Downs, puesto que la probabilidad de que un elector (agente representativo) cualquiera influya con su voto el resultado de una votación es prácticamente nula, infinitesimal, ningún eventual votante tomado individualmente tiene interés en ir a votar al ser una pérdida de tiempo. Aplicando la racionalidad instrumental, la predicción del modelo de Downs es que el agente representativo no vota pero como todos y cada uno de nosotros somos idealmente representativos nadie debería votar.

Por oposición al modelo de Downs, otros sociólogos y politólogos especializados en sistemas electorales y teoría de la decisión colectiva proponen que a los votantes no los guía solo la racionalidad instrumental sino también la racionalidad axiológica. Muchos votantes tienen principios por encima de intereses meramente utilitaristas y se comportan de forma coherente en consonancia con dichos principios. No solo se vota por razones utilitaristas personales sino también para ejercer un derecho inherente a la democracia la cual constituye un bien superior. Desde esta perspectiva, en la jerarquía de valores de los votantes prevalece el respeto a las normas democráticas frente al coste/desutilidad -teóricamente inútil pues ya hemos visto que la probabilidad de que el voto personal cambie las cosas es prácticamente nula- en que incurre el votante representativo del modelo de Downs.

Los defectos y paradojas de los sistemas electorales, sumados a los numerosos teoremas de imposibilidad descendientes del de Arrow, deberían poner en entredicho, desde un punto de vista normativo, el voto como técnica de decisión colectiva a partir de las preferencias de los votantes. ¿Por qué nos servimos entonces de un sistema tan imperfecto? Porque hay que tomar decisiones que afectan a la colectividad y no hay ninguna norma de decisión mejor que el voto.

--------------------------

Juan José R. Calaza es economista y matemático; Guillermo de la Dehesa es Técnico Comercial y Economista del Estado

ABC