Juan José Rodriguez Calaza. ABC, 31 de agosto de 2020

 

Los jueces ante el Covid

«Nunca consideré seriamente que se pudiese abrir causa general contra el Gobierno por los fallecidos infectados de Sars-CoV-2. Pero con un Poder Judicial menos adormecido los martillos de los jueces ya estarían golpeando»

Desde el comienzo del confinamiento se presentían efectos colaterales de la onda de choque que provocarían más fallecimientos de personas no infectadas que los atribuibles a la infección. Y así ha sucedido.

De buena hora, advertí que los efectos colaterales de la onda de choque del confinamiento serían letales al transitar por cuatro vías distintas. 1. Síndrome de deslizamiento; 2. Enfermos con patologías graves que no acudirían al hospital por miedo a infectarse; 3. Imposibilidad de atender adecuadamente a enfermos graves sin Covid-19; 4. Crisis económica. Toda vez que la advertencia se situaba aparentemente en el campo de Trump, Bolsonaro y Boris Johnson nadie hizo caso. Prefirieron seguir las recomendaciones de la OMS, tan de fiar como el FMI. Mi

 modelo de referencia era el de la socialdemocracia sueca, esa es la verdad.

Nunca consideré seriamente que se pudiese abrir causa general contra el Gobierno por los fallecidos infectados de Sars-CoV-2. Pero con un Poder Judicial menos adormecido los martillos de los jueces ya estarían golpeando. El así llamado exceso de muertes consta de tres componentes. Fallecimientos causados por la infección; infectados pero fallecidos por otra causa (principalmente síndrome de deslizamiento); fallecidos no infectados. ¿Si responsabilizamos al virus del primer grupo quién es responsable del segundo y tercero?

Es fácil entender los efectos sobre el exceso de muertes que provoca el terror al Covid-19 independientemente de que el confinamiento haya estimulado ciertos desplazamientos urgentes al hospital (pancreatitis por exceso de ingesta de alimentos grasos y alcohol). El descenso de actividad habitual en urgencias provino del miedo al contagio, hipocondría social propulsada por el terrorismo epidémico del Gobierno. Personas con patologías agudas no acudieron al hospital por propia decisión. Las urgencias convencionales cayeron el 75%. Códigos ictus e infartos se desplomaron el 40%. Muchos fallecieron en casa aterrorizados ante un eventual contagio en el hospital. Las intervenciones en coartación de aórtica descendieron el 80%, causa de muertes súbitas. El miedo a infectarse en el hospital es el origen de casos irreparables de apendicitis o cetoacidosis diabética con pronóstico fatal. Hubo enfermos de leucemia por los que nada pudo hacerse. Inaudito el pánico de tantos padres al contagio. No se sabe si las urgencias en pediatría cayeron el 80% debido a que los progenitores tuvieron miedo a contagiarse ellos o a que se contagiaran los niños.

Lo peor concierne a fallecidos por síndrome de deslizamiento. En siquiatría y geriatría, cuando una persona mayor se deja morir por un evento o situación síquicamente traumática suele atribuirse a síndrome de deslizamiento depresivo-reactivo (syndrome de glissement-abandon) que en situación de hipocondría social se dispara. Son miles de casos. La escuela francesa de geriatría insiste particularmente en el carácter brutal y rápidamente evolutivo del síndrome. En pocas semanas los afectados fallecen. Una persona mayor pero autónoma que se valía por sí misma es susceptible, de la noche a la mañana, de convertirse en dependiente hasta el punto de dejarse morir como consecuencia de un shock síquico inducido por alejamiento de amigos o familiares (sensación de abandono) o interrupción repentina e involuntaria de una actividad practicada corrientemente. El síndrome afecta especialmente a personas mayores residenciadas o que viven solas. La mayoría de ancianos fallecidos infectados que no pasaron por la UCI al no sufrir patologías (suponiendo que no sean falsos confirmados positivos, tan frecuentes), reportados no obstante víctimas del Covid-19, no habrían muerto sin el mazazo del síndrome. Se dejaron morir: aunque estuvieran infectados no se les diagnosticaron neumonías especificas ni choque séptico con síndrome de disfunción multiorgánica. En Cataluña, algunos murieron atados «para no contagiar». Hacia abril, impactaron muy negativamente en los viejos las dudas de los señores Illa y Simón, expresadas públicamente, de si dejarlos salir o no a la calle después del confinamiento. Era previsible, el confinamiento y el alarmismo condujeron a muchas personas mayores a la muerte por la vía del síndrome de deslizamiento del cual en La Moncloa ni se han enterado. ¿No tenía alternativa el Gobierno? Sí la tenía sin necesidad de recurrir a un autoritarismo extremoso (vimos al Ejército patrullando en los supermercados como si estuviéramos en Haití en pleno saqueo la noche de un terremoto). Alternativamente, ahí está el modelo sueco, no exclusivamente. Al menos Suecia no se hundió en la hipocondría social ni crecieron el 70% las llamadas al homólogo del 091; este será el primer año en España con más divorcios que matrimonios.

El estado de alarma redujo el número de fallecidos en accidentes de trabajo y circulación, cayendo también los códigos por politraumatismo en ejercicio al aire libre y prácticas de riesgo. Pero, paralelamente, impidió el tratamiento óptimo de diversas patologías graves provocando fallecimientos evitables en tiempo normal. La histeria epidémica e hipocondría social generada por el estado de alarma inundó de enfermos imaginarios los hospitales, colapsando servicios. Muchas personas han muerto prematuramente, y más morirán, al no haber sido tratadas convenientemente. No solo hubo enfermos que no acudieron al hospital por miedo a contagiarse. Otros muchos sí acudieron y no fueron atendidos al haberse focalizado la atención del Gobierno en la Covid-19 como si el resto de enfermedades y patologías graves no existieran. Para el Gobierno, lo mediático, lo que cuenta en términos de propaganda es salir en la televisión dando el parte diario. Pacientes con urgencias graves acudieron al hospital y no se les atendió al dejar muchos especialistas de practicar pruebas y cirugía, asignados a urgencias más mediáticas, aunque menos letales que las habituales. Operar de próstata carece de glamur; efectuar una punción de tiroides para saber si se trata de un nódulo o de un tumor, también. En dos meses, intervenciones quirúrgicas urgentes se redujeron el 50% en Cataluña. El parón de actividad ordinaria en los hospitales por la crisis augura, además, listas de espera larguísimas, antesalas de fallecimientos futuros.

Las anteriores consideraciones explican más de la mitad del exceso de muertes sin intervención directa del Sars-CoV-2 digan lo que digan el INE, «El País» o la OMS. Mención aparte merece la crisis económica. España se coloca en cabeza de países de la UE en caída del PIB. No me recrearé, por obvio, en los problemas de salud mental aflorados con el paro: depresiones, brotes sicóticos, criminalidad, suicidios (ahora y en el futuro). Y digo mención aparte porque los efectos del paro y la pobreza sobre la salud no se manifiestan inmediatamente sino en el medio y largo plazo disminuyendo la esperanza de vida de la población.

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Juan José R. Calaza es economista y matemático

ABC

Juan José Rodriguez Calaza. ABC, 15 de agosto de 2020

 Excepto los muertos, todo es mentira

«Analizando datos oficiales se constata que la tasa de letalidad del Covid-19 es como máximo del 0,6 por ciento. A nivel desagregado se observa que, en personas mayores de 70 años mata más el aislamiento en hospital que el virus. Teniendo en cuenta los falsos positivos estimo que, a día de hoy, los fallecidos directos por la epidemia son menos de 24.000»

Soy consciente que la tendencia general es endosar a Gobierno y comunidades autónomas ocultamiento, por subestimación, del verdadero número de fallecidos por Covid-19. No comparto totalmente este enfoque y, por el contrario, considero que las defunciones por Covid-19, incluso en infectados «confirmados» (30% de falsos positivos posibles, Sin Hang Lee, «Journal of Geriatrics and Rehabilitation», 17/07/2020), son menos que las oficiales. Si cabe, esto es aún más grave al apuntar a muertes en exceso de personas no infectadas, fragilizadas y desatendidas. La mayoría de exceso de muertes (respecto a la media de defunciones del mismo periodo de los últimos años) se debe a otras causas. En primer lugar, el «syndrome de glissement-abandon» (dejarse ir) o muerte «psychogène» (Jean Carrié, 1952)

 en personas mayores que durante la epidemia se sintieron, con razón o sin ella, traumáticamente abandonas a domicilio, hospital o residencias (fallecen en tres semanas); en segundo lugar, el terror a infectarse en el hospital de personas con patologías graves, para todos los efectos huidas, que al no recibir seguimiento, intervención ni atención urgente fallecieron (y las que fallecerán).

Así las cosas, del Informe n°36 del Centro Nacional de Epidemiología (CNE). «Situación De Covid-19. Casos diagnosticados a partir 10 de mayo» obtenemos conclusiones demoledoras relativas a la estrategia y directrices de política sanitaria impuestas por el Gobierno y CC.AA. en aras de minimizar el número de muertos causados por la epidemia en curso. Se trata de una encuesta epidemiológica de casos confirmados. Abstracción hecha de falsos positivos, los casos reales, de haberse hecho más test, serían a buen seguro el doble lo cual haría caer mecánica e imparablemente la tasa de letalidad al 0,3%-0,4%.

En la Tabla 4 del susodicho informe (distribución por grupos de edad) confeccionada por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) con los casos de Covid-19 por nivel de gravedad notificados a Renave con inicio de síntomas y diagnóstico posterior al 10/05/2020 (23/07/2020, fecha de la extracción de datos) se observa que hubo en total 228 defunciones por 35.482 infectados. Obtenemos una tasa de letalidad de 0,6% (228/35.482=0.006=0,6%). Esta tasa discrepa incontestablemente de la que se obtendría para la población general con el número de fallecidos (casi 45.000 confirmados y sospechosos) por Covid-19 estimados por nuestros colegas de «El País» (26/07). EP, Johns Hopkins University, INE, SCIII, deben revisar sus cifras, al copiarse entre sí repercuten los errores. Hay que orientarse siempre por la tasa de letalidad. La pertinente es la aquí calculada (por exceso).

Un primer estudio (26/04) de cuatro investigadores universitarios estimó la tasa de letalidad española en 3,1% contabilizando aproximadamente 38.000 fallecidos en cálculo deslizante. El Ministerio de Sanidad, en el momento de la publicación de la insostenible investigación, proponía 23.822 muertos (28/04). La discrepancia provenía de considerar fallecidos por Covid-19 prácticamente todas las muertes en exceso a partir de los informes del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) elaborados por el ISCIII. Los cálculos eran tan chocantes que con 32 infectados obtenían un fallecido. El estudio nacional de seroprevalencia llevado posteriormente a buen término por el ISCIII es más solvente pero también adolece de graves limitaciones a pesar de haber sido publicado por «The Lancet» (6/07/2020). Los autores del estudio lo reconocen elegantemente. La tasa de letalidad que obtienen sigue siendo excesivamente elevada (1,14%). Sin embargo, al haber confirmado el estudio del ISCIII la elevada seroprevalencia del personal sanitario disponían de todos los elementos para una estimación robusta. Es cierto que un muestreo aleatorizado, representativo de la población española, debe tener en cuenta criterios de sexo, edad, categoría socioprofesional, región, renta, talla de la aglomeración, etc. Estos criterios no los cumple en su totalidad el colectivo de sanitarios pero se pueden aproximar bastante bien. Con cifras oficiales, la tasa de letalidad entre profesionales sanitarios (52.500 infectados hasta el 25 de junio) puede estimarse en el 0,13% para un rango de edad entre más de 20 y menos de 70 años. Si ponderamos con la tasa de letalidad para la población entre 0 y 20 años obtenemos aproximadamente una tasa de letalidad de 0,11% en el rango 0-70 años. Finalmente, teniendo en cuenta la tasa de letalidad de mayores de 70 años obtenemos una estimación global de 0,5%-0,6%, en consonancia con la que se desprende del informe del CNE arriba referenciado.

Viene ahora lo más inquietante. En la susodicha Tabla 4 se observa que solamente en los rangos 70-79 años y más de 80 se constatan más defunciones que estancias en la UCI. En los de más de 80 años el dato es aterrador: de 781 pacientes hospitalizados solo 20 pasaron por la UCI pero se registran 150 fallecidos. Con una prognosis correcta, dada la sintomatología tan brutal en fase severa (neumonías especificas y «tormentas de citocinas») es dudoso que los 130 pacientes hospitalizados, de más de 80 años, que fallecieron sin pasar por la UCI muriesen por el Covid-19. Habida cuenta que se los reportó infectados se les asignó esa causa de muerte. Además, una cosa es haber sido infectado por el Sars-CoV-2 y otra, bien distinta, morir de ello. Uno puede padecer cáncer y fallecer de un ataque al corazón o una peritonitis sobre todo si ha sobrepasado la esperanza de vida teórica. Entonces ¿de qué fallecieron? Fallecieron del «syndrome de glissement-abandon»: no es el virus el que mata sino la situación resentida. La tristeza, la pena, el desamparo que invade a los mayores en el hospital (o residencias o a domicilio) les resulta fatal, no el virus (o no siempre).

En síntesis, tomando en cuenta falsos positivos, tasa de letalidad discrepante con exceso de muertes por el Covid-19 (confirmadas y sospechosas), muertos por distintas dolencias que en vida, aterrorizados, no acudieron al hospital para no infectarse y fallecidos por syndrome de glissement-abandon estimo entre 20.000-24.000 los fallecidos directamente por Covid-19. Siguen siendo muchos, ciertamente, pero no son menos los no infectados que no supimos salvar.

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Juan José R. Calaza es economista y matemático

ABC

Juan José Rodriguez Calaza. ABC, 31 de julio de 2020

Admirable pueblo sueco

«Gobierno y grupos mediáticos afines intentan desprestigiar todo lo que sirva de prueba de cargo implícita contra la gestión del Covid-19. Últimamente llueve fuego graneado sobre el modelo sueco que sin ser óptimo -no existe en epidemiologia- se ha revelado eficacísimo comparado al español»

Durante la crisis epidémica, personas de mi considerable edad se han sentido profundamente humilladas con las brutales medidas de arresto domiciliario tomadas en sede parlamentaria por pueril asamblea de indoctos (dicen que avalados científicamente). Tan mezquinos son que más de uno quiere multar al expresidente Rajoy, al haber roto ejemplarmente, con cívica madurez, el aborrecido y nefasto confinamiento cuando lo que merece es ser homenajeado en España entera por los bien nacidos.

En cualquier epidemia, una sociedad democráticamente madura -libre de supersticiones y terrores infantiles que reclaman la protección asfixiante y liberticida del Estado- aun siendo intervencionista y amparadora de los desprotegidos antepone y estimula la responsabilidad personal. Sin demagogia y exquisitamente pendiente del bienestar y libertad de los ciudadanos,

 la Agencia de Salud Pública sueca -independiente del Gobierno- dejó claro desde un principio que no aterrorizaría a la buena gente y solo aconsejaría medidas de distanciamiento social que fuesen soportables por la ciudadanía en el medio/largo plazo en previsión de que el Covid-19 se prolongase. Obsérvese el impresionante sentido de la realidad de los suecos: en un problema eminentemente técnico, como es este, los responsables de fijar el rumbo a seguir no son los políticos sino la Agencia estatal de salud. ¿Por qué se nos hurtó en España la identidad de los científicos que asesoraban las decisiones del Gobierno? ¿Por qué no se dieron en abierto los informes que supuestamente las ampararon? Evidentemente, para evitar un debate científicamente contradictorio que pudiera ponerlos en apuros. En apuros ante la Ley, digo. Ahora ya sabemos nunca existió ese comité.

El ejemplo científico y democrático ofrecido por Suecia suscita mi absoluto respeto, admiración y defensa. Defensa, sí, porque, aunque los admirables suecos se bastan y sobran para defenderse solos, les ha caído encima una avalancha de críticas feroces e injustificadas. Excepcionalmente, la consejera de Salud catalana reconoció que haber confinado a los niños fue un tremendo error. Y, quede constancia en su honor, en el arranque del confinamiento, enfrentándose al mainstream, Félix de Azúa sacó columna pidiendo la vuelta de los niños a guarderías y escuelas en línea con el modelo sueco. El intento de desprestigiarlo busca probar, a contrario, que los buenos modelos de gestión epidémica son los de arresto domiciliario o casi. Si bien tanto el modelo sueco como los del resto de países escandinavos y bálticos -algo más restrictivos hasta mediados de abril pero infinitamente suaves comparados con el español- dominan de popa a proa la chapuza pergeñada en La Moncloa. En España proliferan los comentarios adversos al modelo sueco habida cuenta que es un contraejemplo demoledor de lo irreparablemente mal que se ha gestionado el Covid-19. En efecto, no olvidemos que la principal coartada defensiva de Sánchez para no acabar ante el Supremo, basándose en la proyección (parte alta de la horquilla) del insostenible modelo del Imperial College, es que gracias al confinamiento se han evitado 35 millones de contagios y salvado 350.000 vidas. Escapismo absolutamente falaz toda vez que al aplicar los mismos cálculos al caso sueco, sin confinamiento, y teniendo en cuenta su estructura demográfica debería haber habido a estas alturas 120.000 fallecidos en Suecia. No llegarán ni a 10.000.

El Gobierno (y medios afines) supone que instrumentalizando negativamente el modelo sueco se va a librar de la irresponsabilidad de haber aplicado en España las medidas mundialmente más drásticas (jactanciosas palabras de Marlaska) cuya consecuencia inmediata es haber embargado el futuro del estado del bienestar afectando la esperanza de vida de la población (los parados mueren antes). Total, para tener más muertos por 100.000 habitantes que Suecia y sufrir una caída del PIB del 12% en 2020, según estimaciones del FMI que yo elevo sin sonrojo al 20%, de marzo a marzo, al no haber tenido en cuenta el desprestigiado organismo económico internacional los daños síquicos y abatimiento de la población española cuyo pesimismo, remachado con la «nueva (a)normalidad», profundizará la caída y lastrará la recuperación.

Lo mismo podría decirse de Francia e Italia. En el trinomio latino ha dominado el temor de los gobernantes a las consecuencias penales que podrían traerles haber actuado mal y a destiempo y, en desesperado intento por zafarse, optaron por soluciones tremendistas, aceptadas por la parte aterrorizada de la población, en lugar de opciones probadamente eficaces como haber enfocado las medidas preventivas hacia personas sensibles al SARS-Cov-2, al estilo de Japón o la propia Suecia. El modelo chino, que se impuso de coartada vía Italia, no es transferible. Allí únicamente confinaron al 10% de la población, más de 1.200 millones de chinos siguieron trabajando. Y tanto es así que las susodichas proyecciones del FMI acreditan a China con crecimiento del 1% para este año.

Se le reprocha a Suecia que a pesar de las suaves medidas adoptadas su economía se ha resentido bastante. Es cierto, pero no es consecuencia de medidas que evitaron, al mantener activo el mercado interior, una caída aun mayor del PIB. El peso del sector exterior sueco (importaciones/exportaciones) equivale al 92% de su PIB; en España, al 70%. El colapso del comercio mundial y la ruptura de las cadenas de aprovisionamiento afectaron a la economía sueca aunque sin comparación con el tsunami español. En el primer trimestre de este año el PIB sueco creció el 0,1% y el español perdió el 5,2%. Asimismo, Suecia registra más muertos, por 100.000 habitantes, que sus vecinos escandinavos, pero debe tenerse en cuenta que reporta los fallecidos en residencia (https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2054&artikel=7453417). Por otra parte, en Suecia una persona que haya sido diagnosticada positiva y fallezca en los treinta días siguientes, cualquiera que sea la causa, se cuenta fallecida por el Covid-19 (https://www.arabnews.com/node/1679881/world). Por comparación, el modelo de confinamiento español fue letal en términos económicos y no contuvo la difusión del virus más que en Suecia. La propagación ha sido similar prácticamente en Francia, Italia, España o Suecia, los porcentajes de anticuerpos en la población general se encuentran en los mismos rangos.

Justicia divina, no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Según una amplia encuesta en distintos países europeos (European Council for Foreign Relations) entre franceses y españoles ha mejorado la confianza en sus científicos en 8% y 11%, respectivamente, y ha empeorado en 61% y 58%. En Suecia ha empeorado 19% y ha mejorado 42%.

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Juan José R. Calaza es economista y matemático

ABC

Juan José Rodriguez Calaza. Expansión, 10 de junio de 2020

Derogación de la reforma laboral: el mantra de la productividad

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, confirmó (24/05/2020) que la derogación de la reforma laboral seguirá "su curso y su camino". A primera vista se percibe una fibra tensamente ideológica, lo que Adriana Lastra llama "programa", auspiciada por la vieja controversia respecto al grado de flexibilidad que, óptimamente, debería presentar el mercado del trabajo regulado.

La flexibilidad actual del mercado del trabajo en España, sin ser óptima, cumple dos funciones esenciales: favorecer la creación de empleo y la obtención de beneficios empresariales. Ahí reside el corazón del asunto: la finalidad principal de la empresa no es crear empleo sino obtener beneficios.

En el primer trimestre de 2013 la tasa de paro alcanzó el récord histórico del 27%: 6.202.700 personas. No obstante, en 2015 y 2016 España fue el país de la zona euro que creó más empleo. El Gobierno de entonces anticipaba veinte millones de ocupados en el cuarto trimestre de 2019. Expertos de la oposición discrepaban de la relevancia de esas cifras atribuyendo la bonanza cuantitativa del empleo a su baja calidad y favorables condiciones económicas del entorno internacional. Trataban de relativizar los efectos virtuosos de la reforma endosándole la responsabilidad de los así llamados contratos basura. Gran error, la reforma no empeoró la precariedad laboral que depende fundamentalmente de la globalización, mecanización/automatización y baja cualificación profesional. En cuanto a favorables condiciones del entorno económico (petróleo relativamente barato; colocación de deuda del Estado a 10 años con baja prima de riesgo; tipos de interés real asimismo bajos) regían también para los demás países de la zona euro pero fue España quien mejor supo explotarlas.

Espejismo productivista

Lo crucial en la argumentación de los derogadores no es tanto el restablecimiento del diálogo social dinamitado por el PP en 2012, según ellos, como que el crecimiento extensivo de mano de obra propiciado por la reforma laboral (en lugar de intensivo, dotando a menos empleo de más capital) perjudica a la productividad. Derogando la reforma laboral aumentaría la productividad y el crecimiento de salarios. Sin duda: crecimiento de salarios y del paro. La productividad debe incrementarse en sectores en los que está en juego su viabilidad, puro sentido común, al ser la competencia internacional y el progreso técnico notorios. En otros sectores, por el contrario, el aumento de productividad fabrica parados.

Incrementar la productividad en sectores que no peligran termina fabricando parados

Tomemos dos sectores polares: turismo y biotecnologías. Del primero ya se encargó el ministro de Consumo, Alberto Garzón, de redactar el obituario al considerar despectivamente el empleo generado estacional, precario y de bajo valor añadido. Sucede que el sector turístico vertebra la economía española con 12,2% del PIB y casi 14% de empleo. En la industria de la biotecnología -ejemplo canónico de I+D+i- las empresas biotecnológicas puras, conocidas en el sector como las Biotech, en 2018 alcanzaron un crecimiento del valor añadido del 31%, el más elevado de entre todas las ramas productivas (siete veces superior a la media de la industria española) contribuyendo con 0,7% al PIB y solamente veinticinco mil empleos. Los proponentes de la derogación plantean varias medidas voluntaristas. Cito tres: a) el dominio personal de las técnicas de digitalización es la solución al desempleo; b) hay que aumentar tendencialmente el salario medio gracias a la productividad; c) hay que ayudar a las empresas a crecer hasta alcanzar 200 empleados como mínimo.

Importancia de la pyme

Desde una perspectiva microeconómica, el dominio de una tecnología digitalizada quizás permita obtener un trabajo pero, macroeconómicamente, la digitalización es una de las causas del paro y regresión de las clases medias. Por otra parte, que el salario medio crezca no significa que también lo haga en la misma proporción el salario mediano y, peor aún, probablemente asistiríamos al desplome del salario modal (el salario más frecuente). En relación a las ventajas de empresas de más de 200 trabajadores subsisten malentendidos: crean riqueza para los accionistas pero poco empleo. Estas empresas se caracterizan por volcarse a la exportación, lo que exige reducir costes y suprimir empleo mecanizando/automatizando los puestos de trabajo. Con datos europeos, solo el 15% del empleo creado en 2019 provino de empresas de más de 200 trabajadores. En media, los servicios representan 2/3 de las necesidades en mano de obra (especialmente comercio, turismo y sector médico-social) sin que abunden empresas de 200 trabajadores. En la industria se creó menos del 10% del empleo.

Comparativamente, la actividad agrícola recluta más, para labores de recogida (árboles, invernaderos, tierra, viña). Siguiendo con datos europeos, el 70% de ofertas de empleo emanan de empresas de menos de 50 trabajadores. Significativamente, el 45% de la demanda de trabajo proviene de estructuras con menos de 10 empleados. Y si apuntamos a la productividad, el 80% de las biotech españolas emplean menos de 50 trabajadores. Por descontado, una regulación encaminada a hacer crecer las empresas no tiene mucho sentido habida cuenta que de una ley empírica -ley de Gibrat, emparentada con la log-normal- se observa que la tasa de crecimiento (efectivos o facturación) es aleatoria. No cabe duda, a este Gobierno le faltan un par de hervores.

Juan José R. Calaza, economista y matemático.

EXPANSIÓN

Juan José Rodriguez Calaza. ABC, 27 de mayo de 2020

Covid-19: sobrevaloración del riesgo

«La sobrevaloración del riesgo, si bien explicable por el instinto evolutivo de supervivencia, puede perjudicar gravemente a la sociedad cuando se aplica sin rigor a la gestión sanitaria. Respecto a la Covid-19, las medidas de confinamiento fueron innecesarias habida cuenta que el crecimiento exponencial de contagios diarios se frenó antes del 15 de marzo»

odo el mundo se sirve de heurísticas, formas de razonamiento práctico y rápido, a veces muy útil con mínimo esfuerzo cognitivo. En situaciones de evaluación complicada el atajo heurístico casi siempre conduce al error.

Los errores que cometemos al evaluar heurísticamente las probabilidades provienen, al parecer, de lo que los sicólogos llaman «probabilidades subjetivas» para describir intuiciones erróneas, justificadas evolutivamente ya que estimulaban la prudencia o desconfianza del Homo sapiens en un entorno hostil. Resulta más prudente suponer que una serie negra oculta una relación entre los eventos -peligrosa si la subestimamos- que intuirla fruto del azar. Ha sido crucial para nuestra supervivencia como especie la capacidad de anticipar situaciones potencialmente graves asociándolas a signos precursores de peligros. Probabilidades subjetivas

 erróneas, en este contexto, y sobrevaloración del riesgo son, simplemente, poso evolutivo.

En lo que concierne a la salud pública, la sobrevaloración del riesgo hoy día no debe interpretarse como prudencia sujeta al principio de precaución sino grave incomprensión de la situación objetiva, exacerbando la tendencia de algunos profesionales a practicar la «medicina defensiva» en previsión de ser acusados de negligentes. Gerd Gigerenzer, en «Risk Savvy» (2014), cita un estudio (García-Retamero y Galesic, 2012) apuntando al desfase, con parecido diagnóstico, entre el tratamiento que dispensan los médicos a los pacientes en España y el que se aplican a sí mismos o a sus familias, menos agresivo e igualmente eficaz. Caso de manual de medicina defensiva en evitación de litigios. A todo ello hay que añadir el conflicto de intereses entre una medicina virtuosa y la maximización del beneficio que lleva a sobreactuar en el sistema sanitario. Así se prescriben excesivamente medicamentos, exámenes, intervenciones quirúrgicas, etc., despilfarrando recursos y perjudicando al paciente. Que nadie dude, por tanto, de la obligatoria prescripción de antivirales y vacunas contra la Covid-19 llegado el momento. Quien se niegue a vacunarse no podrá salir a la calle.

Gigerenzer da el siguiente ejemplo de sobrevaloración del riesgo, efecto colateral del 11-S. Al analizar estadísticamente el aumento del tráfico rodado, EE.UU. (2001), se constataron 1.600 muertos en accidentes que no se habrían producido si los viajes hubieran sido en avión. Los atentados hicieron creer a muchos estadounidenses que el automóvil era más seguro que volar. Evaluaron mal el riesgo. Por otra parte, según Gigerenzer, los médicos están mal preparados para comprender lo que es el riesgo/incertidumbre y menos aún para evaluarlo probabilísticamente. En tanto ilustración de «anumerismo» (concepto popularizado por el matemático John Allen Paulos en «Innumeracy» (1988), Gigerenzer considera que el 80% de médicos son incapaces de entender verdaderamente el significado de un test de detección en su propia especialidad. Generalmente confunden riesgo absoluto y relativo, falso positivo y falso negativo, prevalencia e incidencia, etc. Ante un test de diagnóstico frecuentemente sobrestiman la probabilidad de que el paciente esté enfermo y la intensidad de la enfermedad. Un millón de escáneres innecesarios se prescriben anualmente a niños en EE.UU., induciendo número importante de cánceres al ser los tejidos de las criaturas muy vulnerables.

Por lo que respecta a la Covid-19, considerar imprudencia relajar algunas medidas de distanciamiento social es muy sintomático de los escasos recursos mentales que tenemos los humanos para evaluar probabilísticamente el riesgo/incertidumbre. Las lastimeras peticiones de los pediatras para que los niños entre 0 y 6 años no vuelvan a guarderías y escuelas este curso, en aras de proteger su salud, es como ir a la playa con paraguas en previsión de que llueva. El confinamiento ha sido nefasto para la salud de la población (niños incluidos) habida cuenta del demoledor impacto físico, síquico y económico. Otras consideraciones aparte, el 1% de aumento del desempleo dispara el 2% de enfermedades crónicas en el medio plazo. Más importante, si cabe, si el pico de fallecimientos diarios se dio el 1 de abril (950 muertos), el pico de infecciones diarias (reales, no reportadas) tuvo que producirse entre el 5 y el 10 de marzo (quizás el 8-M en Madrid) al restar la media de días que tarda en fallecer una persona infectada. No se necesita ningún modelo matemático para calcularlo backward-induction, con la simple aritmética llega. Dicha media se sitúa entre 23 y 26 días (cuatro o cinco para la incubación y entre diecinueve y veintidós días desde que se manifiestan los síntomas). Sucede que, arrancando el confinamiento el 15 de marzo es evidente que el punto de inflexión que marca el fin del crecimiento exponencial de la infección diaria (casos reales) se produjo con anterioridad gracias a que la población empezó a tomar sencillas medidas de higiene personal (lavarse las manos, por ejemplo) y distanciamiento a principios de marzo. Al hilo de lo dicho, en una sencilla función de Verhulst (o Gompertz) se observa perfectamente el punto de inflexión que marca el fin del crecimiento exponencial de infecciones. Toda vez que con crecimiento exponencial el número de infectados doblaba cada cinco o seis días, la mitad de infectados reales, antes del 15-M, tuvo que producirse dentro de la semana anterior al confinamiento.

Con los anteriores datos en mano, el «arresto domiciliario» draconiano fue y es inútil epidémicamente y letal económicamente. Razón por la que gobiernos más competentes que el español, y menos necesitados de mostrar implacable autoritarismo, no aplicaron drásticas medidas de distanciamiento social: por innecesarias epidémicamente y devastadoras económicamente. Quiere decirse, si en España el Gobierno hubiera desarrollado cierta pedagogía inculcando concienciación de la situación y asunción de responsabilidades individuales se habría minimizado el cataclismo económico en curso. Por si fuera poco, el confinamiento no impide que eventualmente se produzcan rebrotes de menor alcance.

El alarmismo propagado conscientemente es fruto de la incompetencia y sobrevaloración del riesgo por un gobierno que ha aterrorizado a España entera -oposición incluida- sin haber protegido a quienes más necesitaron amparo. También es cierto que han contado con la complicidad necesaria de un sistema de salud que practica sin sonrojo la medicina defensiva y estimaciones de modelos matemáticos tremendamente coactivos -verbigracia, la chapuza del Imperial College- pero que fallan más que escopetas de feria.

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Juan José R. Calaza es economista y matemático

ABC

Juan José Rodriguez Calaza. ABC, 1 de abril de 2020

Alarma en el Estado de alarma

«España no podrá encajar dos crisis seguidas. Primero, epidémica; después, económica. Ya que no fueron capaces de evitar la primera crisis evitemos la segunda. El confinamiento es una medida brutal e irracional, sin ningún tipo de base científica»

El confinamiento de la población es una medida pseudo-fascista, tomada sin base racional ni científica, que provocará una hecatombe económica, afectiva y psíquica en la sociedad española. Las personas mayores quedaremos estigmatizadas ante los jóvenes que nos acusarán de haberles cerrado el paso al futuro.

En España, el 96,2% de fallecimientos por la Covid-19 se registran entre personas de más de 60 años. En el 3,8% de fallecidos, relativamente jóvenes, se observaron frecuentemente patologías. Las patologías previas disparan la letalidad de la Covid-19 incluso en jóvenes. Esta sospecha parece confirmarse al analizar los casos de fallecidos de más de 60 años.

La tasa de letalidad (calculada sobre la incidencia, infectados reales estimados, no solamente casos reportados) de la Covid-19 es

 muy baja (del orden del 0,3%-0,4%) doble en hombres que en mujeres, siendo la incidencia igual en ambos sexos, y sube especialmente en varones mayores de 80 años con patologías previas (letalidad 16%, calculada exageradamente sobre casos reportados). Sin embargo, en esta alta letalidad se esconde una correlación así llamada cigüeña: no son la edad y la enfermedad combinadas las que matan sino que con la edad las personas sufren más patologías. Y los hombres más que las mujeres por sus pasados hábitos de vida o actividades profesionales. Con estos elementales datos en mano, puede probarse que la insostenible política de confinamiento, amparada por el Estado de alarma, nace de una premisa completamente falsa. A saber, el confinamiento sería la «única» estrategia eficaz al no poder -alternativamente, por carencia de medios- practicar detección a gran escala con aislamiento de personas detectadas contagiadas. Este diagnóstico de la situación indica grave desconocimiento de la naturaleza de la Covid-19: su letalidad general es más baja que la de la gripe (influenza), 0,8%.

Cuando lo anterior se entiende bien la estrategia para encarar la Covid-19 es imparable. Una parte de la población (la que padece patologías previas) es fatalmente sensible y frágil a la infección del virus SARS-CoV-2. Esta parte de la población debe ser informada, partiendo de su historial clínico, prevenirla del riesgo que corre y, si es necesario, aislarla por su propio bien (se admiten objeciones). Es obligación del Gobierno llevarlo a buen término. ¿Cuál es esa parte de la población de alto riesgo? Especialmente hombres mayores de 80 años (2/3 de fallecidos). ¿Es suficiente ser hombre y mayor de ochenta años? No. Un hombre mayor de ochenta años sin patologías previas, que padezca el Covid-19, corre menos riesgo de fallecer que si estuviera infectado por el virus de una gripe normal. Por tanto, los medios deben asignarse masivamente y los esfuerzos concentrarse, racionalmente, a la evitación de contagios en el segmento de población sensible: la que padece patologías previas. El resto de casos reportados, sin patologías previas, hay que considerarlos como si fuera gripe, es decir, que se queden en casa hasta que la enfermedad remita excepto agravamiento agudo y manifiesto (el 70% de ingresados en las UVI tienen más de 70 años, no todos con patologías previas). Algunos enfermos sin patologías previas también fallecerán, desgraciadamente, pero menos que los que fallecen de gripe. Esta es la única estrategia racional (cf. online, 9/03/2020, el interesante artículo de Fei Zhou y colaboradores: «Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study»).

Con una bisoñez, un desparpajo y una incompetencia que aterran, el Gobierno, en previsión protectora de las personas mayores, ha tomado medidas de confinamiento que nos estigmatizan ante los más jóvenes haciéndonos indirectamente responsables del desastre económico en curso. Y tanto es así que partidos políticos anticonstitucionalistas e independentistas propugnan medidas de confinamiento incluso más extremosas, descontando una crisis peor que la de 2008, en aras de abonar el terreno a sus nefastas y no ocultadas pretensiones. Por ello, los españoles de bien y más de sesenta años debemos oponemos al confinamiento de la población -por ineficaz, humillante, traumatizante y destructivo- impulsando otras medidas de protección en orden al distanciamiento social (centradas sobre todo en la prevención de contagios en personas con patologías previas) aplicando, si es necesario, el poder coercitivo del Estado en cuanto a la obligatoriedad de mascarillas y guantes fuera del hogar.

Es un mito que el «aplanamiento» de la curva epidémica por confinamiento de la población salve muchas vidas. Y las pocas que relativamente pudiese salvar, en el corto plazo, sería a costa de multiplicar los fallecimientos en el medio y largo plazo. Pocas vidas salva la descongestión de Urgencias. Lo que salva vidas es la prevención cuando aún no se ha alcanzado un umbral crítico de contagio, y protegiendo, desde un principio, a ancianos con patologías que difícilmente pueden asumir su propia protección en residencias geriátricas o el propio hogar. ¿A qué esperamos para cambiar de estrategia? Este sistema de protección minuciosamente centrado no impide relanzar inmediatamente la economía para que jóvenes y trabajadores en general no sufran las consecuencias de la voladura del entramado económico. Un Estado endeudado por el desmoronamiento económico carecerá de medios para mantener un sistema de salud eficiente capaz de salvar vidas en el futuro.

Sorprende la visión cortoplacista y chapucera de medidas draconianas, tomadas en España, cuyos impactos económicos, familiares, penales, intelectuales, laborales, afectivos, físicos, psíquicos, etc., debidos al confinamiento obligatorio serán sin duda devastadores. Más razonablemente -contraejemplo de esa miopía decisoria impuesta irracionalmente a una sociedad absolutamente desinformada, aterrorizada y sin datos fiables en que apoyarse-, algunos países calculan integrando los efectos de la pandemia este año y el próximo con la estructura productiva en funcionamiento, en la medida de lo posible, para evitar el colapso económico susceptible de debilitar los sistemas nacionales de salud en el futuro. El INSEE francés ha estimado, por lo bajo, que en diez días de confinamiento la actividad económica se ha contraído el 35%; en un mes el PIB se habrá reducido 3 puntos.

Salvemos la economía y el futuro de los jóvenes. España no podrá encajar dos crisis seguidas. Primero, epidémica; después, económica. Ya que no fueron capaces de evitar la primera crisis evitemos la segunda. El confinamiento es una medida brutal e irracional, sin ningún tipo de base científica, pretextando proteger la vida de las personas mayores que, en realidad, quedan estigmatizadas ante la sociedad. Pronto los jóvenes nos harán responsables de la hecatombe económica culpándonos de haberles bloqueado el futuro. Sánchez ha declarado la guerra, pero inspirado en «Diario de la guerra del cerdo», de Bioy Casares.

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Juan José R. Calaza es economista y matemático

ABC

Juan José Rodriguez Calaza. ABC, 11 de marzo de 2020

Aprendiendo de una pandemia

«Los insuficientes recursos oficiales dedicados a la investigación, con mayor vocación curativa que preventiva, lastran los conocimientos»

La recombinación genética para saltar la barrera de la especie era altamente probable al albergar el murciélago cuarenta tipos de coronavirus (ya se conocían seis en el ser humano). Enseñanza a retener: no se priorizan con discernimiento los recursos a la investigación. Decía Marx que la humanidad solo se plantea las preguntas que es capaz de responder. Es falso, aunque suene bien. De ser cierto, no se indagaría con financiacion pública el origen del Big Bang, objeto de estudio intrínsecamente especulativo que mantiene ocupadas a muchas personas incurriendo en costes económicos, y de oportunidad intelectual, elevadísimos y mínima probabilidad de darle respuesta científica (muro/época de Planck). Las cuestiones especulativas, metafísicas o puramente lógicas no carecen de interés, ciertamente, y a

 veces es suficiente el esfuerzo personal, unos cuantos libros, papel y lápiz -en Matemáticas y Filosofía, por ejemplo- para profundizar en su conocimiento. No obstante, las especulaciones científicas, utilizando enormes medios materiales para cazar hormigas a cañonazos, son generalmente un despilfarro estimulado por absurdas políticas de prestigio y emulación de países ricos.

Echando bien las cuentas (tiempo perdido; brillantes jóvenes intelectualmente infrautilizados en investigaciones que acaban en callejones sin salida; recursos mal asignados), va siendo hora de jerarquizar, seleccionar y priorizar las investigaciones que son verdaderamente importantes para nuestra especie. Esto obligaría a deslastrarse oficialmente de lo que corresponde al ámbito de la pura especulación «científica» («Ni siquiera es falsa», diría Pauli), aunque espíritus eminentes crean que van a descubrir el Grial del conocimiento. Yo situaría entre los bizantinismos científicamente inútiles -al menos hasta universalizar el uso de la inteligencia artificial y computación cuántica- la teoría de Cuerdas, la mitad de la Cosmología, la teoría de Juegos, el ITER, los mensajes extraterrestres y, para no extenderme demasiado, los modelos de proyección climática a cien años mientras no se demuestre la existencia de solución general a las ecuaciones de Navier-Stokes. Pero hay más, muchos más. Y situaría en la cúspide de la búsqueda científica todo lo relacionado con la salud, excluyendo el perfeccionamiento de la especie mediante manipulación genética.

Si por insuficiencia de recursos tuvieran que escoger entre investigaciones excluyentes (por ejemplo, GPS o implantes dentales buenos y baratos, de momento inexistentes), ¿qué preferirían ustedes? El GPS es, prácticamente, la única aplicación útil de la teoría de la Relatividad, con utilidad inferior a la de implantes dentales, cerillas, la pastillita azul, el bolígrafo o la aspirina. Además, el GPS debe muchísimo más a la electrónica que a la relatividad, en cuyo estudio, directo o indirecto, se siguen gastando miles de millones no se sabe para qué, salvo a mayor gloria de Einstein.

Sí es sabido que los virus emergentes son potencialmente el problema fundamental a encarar (no olvidemos HIV, ni ébola ni zika). Mucho más grave que el cambio climático. Sin embargo, los insuficientes recursos oficiales dedicados a la investigación, ampliamente relegada al sector privado con mayor vocación curativa que preventiva (antes de la emergencia del virus no hay test de detección ni vacuna), lastran los conocimientos. Nadie sabe predecir dónde se producirá una recombinación genética favorable al paso de la cepa patógena del animal anfitrión del virus al ser humano. Por dos veces en este siglo (vamos por la tercera) virólogos chinos alertaron en publicaciones especializadas de la adaptación inminente de coronavirus al ser humano. En 2003 se identificó el SARS-CoV, causante de la primera epidemia mortal debida a un coronavirus. En 2012, el MERS-CoV. En noviembre 2019 apareció el virus respiratorio bautizado como SARS-CoV-2 por la OMS, que puede mutar a más letal, si bien la estrategia evolutiva es atenuar la virulencia para no matar a los anfitriones. Antes de 2003 estos virus casi no se estudiaban, pues las otras cuatro cepas conocidas, adaptadas al ser humano, provocaban sobre todo resfriados benignos.

Estaba cantada la emergencia. Cuarenta especies de coronavirus se albergan en los murciélagos, anfitrión natural. El virus probablemente pasó del murciélago al pangolín antes de emerger en el mercado de Wuhan, epicentro de la epidemia. Fue ahí donde quizás el virus se recombinó genéticamente para saltar la barrera de la especie. De la pandemia que se incuba, la lección fundamental a retener es que el ser humano estaría científicamente mucho más avanzado, en lo que es nuclear a su destino, si no perdiera el tiempo, por pura soberbia competitiva, en investigaciones tan prestigiadas como superficiales e inútiles.

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Juan José R. Calaza es Economista y matemático

ABC